La negativa del Congreso de los Diputados a autorizar una comisión de investigación sobre los GAL nos llevó a varias personas, entre ellas a Pili Zabala, a promover la creación de una plataforma independiente que, en la medida de nuestras posibilidades, supliera el incumplimiento por parte del Estado de su deber de investigar.

Actualmente, somos más de un centenar las personas que conformamos la plataforma B-Egiaz y gran parte de las firmas relevantes/conocidas que han suscrito el manifiesto #pidosaberlaverdadsobrelosgal también nos muestran su voluntad de acompañarnos en este proyecto. Ahora somos más y más fuertes.

No obstante, la idea de documentar e investigar científicamente todas las vulneraciones de derechos humanos de motivación política no es nueva. Ya se intentó en el Parlamento Vasco durante la pasada legislatura con la proposición de Ley para la Consolidación de la Paz en el País Vasco. En la misma, entre muchas otras medidas, se proponía la creación de un observatorio de financiación pública que gozara de absoluta independencia de los poderes públicos y políticos, conformado por personalidades de reconocido prestigio en defensa de los derechos humanos y por un grupo multidisciplinar de personas expertas con credibilidad y autoridad indiscutible.

Y es que los terrorismos condicionaron nuestra memoria democrática. Aún nos queda la difícil tarea de reescribirla; y eso pasa básicamente por salvaguardar los derechos de las personas, pero también por instar a que se comprometan en sus obligaciones, llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes más graves, reparar a todas las víctimas y reconstruir el tejido social con medidas que animen a la reconciliación y favorezcan una convivencia sin olvido, ni exclusiones, ni recelos.